En América Latina y el Caribe las aguas, los suelos y el aire están altamente contaminados, hay incontables proyectos de minería a cielo abierto, y cada día se pierden miles de hectáreas de bosque por proyectos agroindustriales.
¡Por eso, es necesario que la ciudadanía se involucre en las decisiones sobre su territorio! Y el Acuerdo de Escazú es nuestra llave maestra, pues nos permitirá exigir nuestros derechos a la Información, la Participación y la Justicia en el sector Ambiental.
Los artículos 5 y 6 definen las medidas que los países firmantes, incluyendo México, deberán tomar para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental. Incluye generar, recopilar y poner a disposición del público de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible.
El artículo 7 establece que los países deben asegurar que la participación ambiental sea desde etapas iniciales de la toma de decisiones para que sus observaciones sean debidamente consideradas en los procesos. Para ello, los gobiernos deben dar de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para que las personas ejerzan su ciudadanía ambiental.
El artículo 8 menciona que para garantizar el derecho a la justicia ambiental cada país debe tener órganos estatales especializados en materia ambiental, disponer medidas cautelares para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente, y deben dar asistencia técnica y jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad.
¡El Acuerdo de Escazú es una herramienta invaluable para ejercer nuestra ciudadanía ambiental! ¡Vamos a conocerlo, aplicarlo y defenderlo!
