Frente a este contexto plagado de violencias, el Acuerdo de Escazú se posiciona como un instrumento clave para solucionar los conflictos al obligar a los países a garantizar a sus poblaciones el ejercicio de sus derechos de acceso a la información, la participación y la justicia.

Por ello, es necesario releer el Acuerdo de Escazú con una mirada intergeneracional, de género e intercultural e implementar medidas concretas que garanticen a las mujeres, las juventudes y los pueblos indígenas el ejercicio de sus derechos.